La investigación de EIA revela cómo los comerciantes de madera aprovechan el vacío de gobernanza para lavar y traficar madera no autorizada –incluyendo especies prohibidas– en detrimento de los ecosistemas y las comunidades que dependen de los bosques. Este informe presenta los resultados principales de una investigación que incluyó trabajo de campo extensivo, el análisis de miles de salvoconductos y la realización de más de 100 entrevistas con funcionarios de autoridades ambientales, fuerza pública, madereros, líderes locales, comunidades indígenas y campesinas, antiguos y actuales funcionarios públicos y actores de la sociedad civil.

Una frontera selvática porosa para el comercio internacional y el tráfico

La región amazónica colombiana comparte 1.644 km de frontera terrestre o fluvial con Brasil y otros 1.650 km con Perú. A lo largo de esta extensa frontera, el único punto aduanero oficial es la ciudad de Leticia, la capital del Departamento de Amazonas. Los puntos de control del ejército o de Corpoamazonia, la autoridad ambiental regional con jurisdicción en tres departamentos de la Amazonía, son pocos y su ubicación está espaciada en los puertos principales de los ríos Putumayo y Amazonas. Cada punto tiene entre 10 y 20 funcionarios para patrullar más de 170 km de ríos fronterizos y bosques que los rodean. Los traficantes juegan “al gato y el ratón”, moviéndose entre el lado colombiano y el lado peruano de la frontera para evadir a las autoridades. Varias fuentes le informaron a EIA que la cuenca del río Yaguas, donde recientemente se estableció un parque nacional, es el origen principal del cedro (Cedrela odorata) lavado en Colombia. El cedro es una especie cuya extracción está prohibida temporalmente en Colombia desde 2015 y hasta el 2025.

Varios funcionarios que hablaron con EIA reconocieron que los remolcadores que navegan regularmente a lo largo del río Putumayo recogen madera de campesinos y comunidades indígenas en ambos lados de la frontera a cambio de bienes o productos baratos. Frecuentemente usan permisos de transporte (salvoconductos) que le compran a los titulares de permisos de aprovechamientos madereros. En puertos como Puerto Asís, EIA observó el mercado negro de salvoconductos. Los tramitadores de documentación que se encuentran en las cercanías de los muelles explicaron que es fácil “legalizar” cedro proveniente del Perú con documentos de Corpoamazonia.

El régimen especial de Leticia para lavar madera peruana

El puerto fluvial de Leticia tiene un “régimen especial aduanero” que permite la importación de mercancía con un valor inferior a US$1.000, requiriendo únicamente una factura¹¹ y un certificado fitosanitario del Instituto Agropecuario Colombiano (ICA), en el caso de madera. En la práctica, los comerciantes incurren en lo que se le conoce como hormigueo, es decir, fraccionan los cargamentos para que su valor no exceda US$1.000, utilizando amigos y familiares para ingresar madera peruana sin tener que cumplir con requisitos adicionales.

Además de cumplir con el régimen aduanero, las importaciones de madera, sin importar su valor, deben ser aprobadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), lo cual implica demostrar el legal origen de la madera. No obstante, la investigación de EIA revela que no se está haciendo control sobre este marco regulatorio en Leticia. Mientras que en respuesta a un derecho de petición la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), refiere que 9.663 m³ de madera aserrada en tablas (provenientes del Perú y Brasil) fueron importadas a Leticia bajo el régimen especial aduanero entre 2015 y el primer trimestre de 2019; sin embargo, la ANLA en respuesta a otro derecho de petición confirma que no ha emitido ninguna autorización de importación de madera para el puerto de Leticia. El hormigueo parece ser tanto un método para importadores como una excusa para las autoridades para no hacer control sobre el marco normativo ambiental. Cabe mencionar que el monto formalmente registrado por la DIAN debe representar un subestimado considerable de los volúmenes de madera que verdaderamente salen de Perú hacia Colombia sin documentación alguna.

Un agravante es que la madera que está ingresando proveniente del Perú, y que representa la gran mayoría de las importaciones a Leticia, debería ser considerada como contrabando por las autoridades peruanas. La SUNAT, la autoridad aduanera nacional en Perú, en una respuesta a un derecho de petición, evidenció que no hay registro de exportación de ningún cargamento de madera con destino a Colombia en el periodo entre 2015-2019, a lo largo de la frontera entre Loreto y Amazonas.¹² Adicionalmente, EIA encontró que por lo menos dos proyectos de infraestructura públicos en el departamento del Amazonas en Colombia están en riesgo de comprar y utilizar esta madera de contrabando: según algunas fuentes, tanto el nuevo aeropuerto internacional de Leticia como un complejo de vivienda para 257 familias en Puerto Nariño están comprando insumos en los depósitos que ingresan madera desde Perú.

Cómplices en las entidades gubernamentales

Las autoridades colombianas regionales y los funcionarios de la fuerza pública reconocieron ante EIA que la corrupción institucional interna es un problema; que existe una ‘mafia’ que trafica flora y fauna y que algunos funcionarios están involucrados en ella. Las personas entrevistadas le explicaron a EIA que las especies prohibidas se pueden traficar fácilmente al declararlas como otras especies en el salvoconducto. Las coimas a la policía se perciben como el costo de hacer negocios.

Los documentos se reutilizan o falsifican para facilitar el lavado. Por ejemplo, en un caso, EIA descubrió que varios cargamentos de madera con un volumen total de 5.608 m³, amparados con 605 salvoconductos emitidos por Corpoamazonia entre 2012 y 2017, nunca llegaron a su destino “declarado” en Maicao, una ciudad costera en la frontera con Venezuela, a 1.600 km de distancia de la Amazonía. Maicao no tiene una industria desarrollada para el procesamiento de madera. Cuando EIA visitó el área constató que todas las personas identificadas como destinatarios en los salvoconductos, negaron su involucramiento en el comercio de madera.

Intermediarios con poder legal, pero sin responsabilidad

Los bosques de muchas comunidades indígenas y campesinas en la región amazónica son talados a través del relacionamiento con intermediarios oportunistas. Algunos intermediarios firman acuerdos con propietarios indígenas y campesinos para extraer madera sin tener claridad sobre el volumen que será extraído ni cuál es su valor; algunas veces la madera se intercambia por generadores eléctricos o artículos escolares. Otros intermediarios en los principales centros de comercio de la Amazonía – Puerto Asís, Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, Mocoa, Valle del Guamuez, Curillo y Tarapacá – le pagan a los propietarios una suma global para que firmen permisos de extracción maderera de Corpoamazonia y después actúan como apoderados de los propietarios en todas las actividades posteriores, desde las operaciones de extracción maderera hasta la obtención de salvoconductos. Estos acuerdos a menudo resultan en la explotación financiera y en la sobre-explotación de unas pocas especies comercialmente valiosas. EIA habló con comunidades indígenas y campesinas que actualmente enfrentan conflictos internos, multas o sanciones legales, como consecuencia de fraudes o violaciones a la ley por parte de intermediarios que extraen madera de maneras no autorizadas y utilizando los permisos de la comunidad para lavar madera de otros orígenes.

Pueblos Indígenas en Aislamiento están en riesgo

Por lo menos dos pueblos indígenas en aislamiento tienen sus territorios dentro y en inmediaciones al Parque Nacional Natural Río Puré y su zona de amortiguamiento en el Departamento de Amazonas. Las observaciones directas y las expediciones de monitoreo llevadas a cabo desde el 2014 han confirmado la presencia de campamentos madereros ilegales en la zona de amortiguamiento sobre tributarios del Putumayo y ríos muy próximos a la zona intangible. Estas incursiones significan un alto riesgo de contacto entre los madereros y los pueblos indígenas, lo cual puede resultar en encuentros violentos y el contagio de enfermedades que podrían ser devastadoras para los grupos en aislamiento dada su altísima vulnerabilidad a enfermedades foráneas.

Análisis de información sobre salvoconductos de movilización

EIA analizó 16.470 salvoconductos emitidos en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Amazonas entre enero de 2012 y julio de 2017. Se estima que estos permisos constituyen aproximadamente el 87% del número total de salvoconductos para madera emitidos por Corpoamazonia durante el periodo en mención. Los hallazgos clave son:

i. 535 titulares de permisos de aprovechamiento de madereras solicitaron salvoconductos de movilización para transportar 359.223 m³ de madera en bruto (lo cual resultó en un volumen comercial de 154.656 m³). Sin embargo, apenas 39 de estos individuos comercializaron el 50% del volumen extraído. Los 10 titulares más importantes comercializaron casi un quinto del volumen total.

ii. Un grupo relativamente pequeño de intermediarios domina el comercio. Entre 2012 y 2017, 22% de la madera extraída se transportó utilizando permisos a nombre de 93 apoderados. De ese total, tan solo diez personas controlaron 50% de la madera comercializada por medio de apoderados, representando el 57% de los salvoconductos utilizados.

iii. Putumayo tiene el mayor número de permisos de extracción maderera (48,5%) pero Caquetá ha extraído un volumen superior al de otros departamentos (55,7% del volumen total). El departamento de Amazonas tiene, en general, valores inferiores, quizás debido a su geografía remota, al alto nivel de informalidad en la economía local o la ausencia de emisión de salvoconductos para comercializar madera internamente.

iv. 50% de la extracción maderera se concentra en apenas cuatro municipios: en el Departamento de Caquetá en los municipios de Cartagena del Chairá y en Solano; en el Departamento de Putumayo en el municipio de Puerto Leguízamo; y en el Departamento de Amazonas en el corregimiento de Tarapacá.

v. 31% de los salvoconductos indican destinos en ciudades afuera de la Amazonía: Bogotá (18%), Cali (7%) y Villavicencio (6%) reciben más del 50% del volumen total. El resto de los salvoconductos indican destinos dentro de Putumayo, Caquetá y Amazonas, probablemente para procesamiento y removilización en la mayoría de casos.

vi. La base de datos de Corpoamazonia muestra la comercialización de 186 especies diferentes pero la mitad del volumen comercializado está constituido por apenas nueve especies: las tres especies principales son Achapo (Cedrelina catenaeformis), Sangretoro (Virola sebifera) y Perillo (Couma macrocarpa).

Las sanciones típicamente recaen sobre los actores pequeños y no sobre los que financian el comercio ilegal de madera. La sanción más común aplicada por Corpoamazonia se debe al transporte de madera sin salvoconducto, seguida por sanciones correspondientes a la movilización de madera por rutas no permitidas y la movilización de especies distintas a las autorizadas en el salvoconducto. Tan solo dos apoderados fueron sancionados entre 2008 y 2017. De acuerdo a la información sobre sanciones analizada por EIA, las mismas personas que han violado la ley continúan recibiendo nuevos permisos para extraer y transportar madera.

Recomendaciones ↓

El vacío de gobernanza en la Amazonía colombiana trae impactos verdaderos para el bienestar y seguridad de las personas que la habitan, así como para los servicios ecosistémicos de este bosque irremplazable: la biodiversidad, la captura de carbono, la regulación del agua y el clima. La tala y el comercio de madera ilegal es el resultado de factores complejos. No obstante, hay pasos concretos que el gobierno actual y las instituciones colombianas pueden tomar para empezar a romper los patrones documentados por este informe.

1. Mejorar la colaboración transfronteriza

Colombia comparte con Perú y Brasil 3.294 km de ríos y bosques y tiene una capacidad limitada para monitorear o controlar lo que ocurre a lo largo de esta extensa frontera. Las autoridades a cargo del comercio, el ambiente y la seguridad fronteriza en Colombia, Perú y Brasil deben buscar un enfoque más efectivo para el control territorial, aplicación de la ley y lograr mayor colaboración a lo largo de sus fronteras compartidas, partiendo de acuerdos de cooperación existentes. Un elemento básico faltante es un marco legal de política pública, entre los países que conforman la cuenca amazónica, que requiera el respeto a la legalidad de la madera de su respectivo país de origen.

2. Establecer responsabilidad legal para los intermediarios y mejorar las cadenas de valor de la madera

Los legisladores colombianos deben establecer responsabilidades legales para terceros en los casos en que exista un intermediario entre el gobierno y las comunidades para la explotación de recursos forestales, e incurran en una violación a las regulaciones forestales. Adicionalmente, las Corporaciones Autónomas Regionales (CARs), el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Interior deben brindarle apoyo jurídico y capacitar a las comunidades indígenas y campesinas para que puedan celebrar contratos justos con los intermediarios y establecer cadenas de suministro de la madera que sean transparentes y rastreables, bajo prácticas de comercio justo y sostenible.

3. Utilizar un enfoque participativo y basado en derechos, para implementar y reformar el marco normativo forestal vigente

El marco normativo forestal en Colombia se estableció a finales de las décadas de 1950 y 1990. Sin embargo, en los últimos años, las dinámicas del país han cambiado drásticamente en el contexto de los Acuerdos de Paz y los compromisos adquiridos frente al cambio climático y cero deforestación. Es esencial que las reformas en el sector forestal propuestas por la administración del Presidente Duque en el Plan Nacional de Desarrollo se lleven a cabo respetando los derechos civiles y políticos de los pueblos indígenas y campesinos y de los territorios colectivos afrocolombianos de acuerdo a lo definido en la constitución de 1991 y las decisiones posteriores de la Corte Constitucional. Las leyes –y su aplicación– no deben promover el desarrollo económico sectorial a costa de los derechos humanos o los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz.

4. Fortalecer mecanismos para el monitoreo forestal independiente

La gobernanza forestal en Colombia se puede mejorar a través del fortalecimiento de monitoreo comunitario y el establecimiento de mecanismos de monitoreo forestal independiente (MFI) para supervisar y evaluar el cumplimiento de las leyes ambientales por parte de los operadores forestales. El papel que juegan los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo las comunidades indígenas que hacen monitoreo comunitario, es crítico, por lo tanto, es imperativo que las instituciones estatales colombianas prioricen la seguridad de defensores ambientales locales y periodistas. Adicionalmente, la administración del Presidente Duque debe establecer un modelo de MFI integrado a la estructura de manejo forestal estatal pero jurídica e institucionalmente independiente de las autoridades ambientales regionales. Los hallazgos realizados a través de este mecanismo deben ser legalmente vinculantes.

5. Ejercer control sobre el legal origen de la madera proveniente del Perú

En el Departamento de Amazonas, la falta de control sobre el marco ambiental existente, que exige que las importaciones de madera tengan un origen legal, está permitiendo que madera peruana de contrabando se importe al país a través de Leticia sin consecuencia alguna. Como resultado, los productores colombianos de madera legal están teniendo dificultades compitiendo con los precios de la madera peruana. El Ministerio de Ambiente, la ANLA y Corpoamazonía deben colaborar para garantizar el control a la entrada de madera y enviar un mensaje claro a Perú que la madera ilegal no tiene mercado en Colombia. La DIAN debe buscar maneras para evitar la importación fraccionada al ser una de las razones por las que se argumenta no se está haciendo un control sobre el marco normativo ambiental.

6. Establecer y aplicar políticas sobre adquisiciones

El sector público en Colombia debe liderar el camino y apoyar la buena gobernanza forestal demandando que la madera y productos maderables sean legales. Los gobiernos municipales, departamentales y el gobierno nacional pueden instaurar políticas de adquisiciones alineadas con el Código de Recursos Naturales de 1969, el cual le exige a las instituciones tener en cuenta el uso sostenible de recursos en sus procesos de toma de decisiones. Estas políticas deberían exigir que la madera utilizada en los proyectos de construcción haya sido obtenida de compañías que pueden demostrar y rastrear el origen legal de sus productos. Tanto el Pacto Intersectorial por la Madera Legal a nivel nacional como el Pacto del Departamento de Amazonas incluyen lenguaje que compromete a diferentes actores con la promoción de políticas de adquisiciones.

7. Mejorar la transparencia y trazabilidad digital del sector forestal

El nuevo sistema en línea para la emisión de salvoconductos (Salvoconducto Único Nacional en Línea, SUNL) representa un avance importante para la transparencia y trazabilidad en el sector forestal. El gobierno nacional debe invertir en mejorar este sistema, realizando mejoras urgentes para su conectividad, funcionalidad y claridad; asegurándose que todos los departamentos del país productores de madera lo implementen. Más allá del SUNL, tanto las CARs como el Ministerio de Ambiente deben mejorar el acceso público a la información sobre los permisos de aprovechamiento forestal y el comercio de madera. La transparencia en la información es la línea de base crítica para lograr cadenas de suministro legales y rastreables, identificar problemas y llevar a cabo una supervisión efectiva en el sector.

8. Utilizar un abordaje integrado para lidiar con los motores de la tala ilegal

El comercio ilegal de madera no es un problema aislado, sino que está fuertemente ligado a otras dinámicas o economías ilegales en la Amazonía. La administración del Presidente Duque y los gobiernos regionales tienen que desarrollar un enfoque multidisciplinario que no se limite únicamente en la aplicación de la ley. El enfoque debe también contemplar la ausencia del estado en las regiones forestales y las demás problemáticas subyacentes, tanto económicas y sociales como aquellas relacionadas a la gobernanza.

9. Tomar acciones para evitar el contacto con los Pueblos Indígenas en Aislamiento

El estado debe establecer un esquema de control y vigilancia en zonas estratégicas identificadas como lugares de aprovechamiento donde existen riesgos de contacto entre madereros y pueblos en aislamiento, incluyendo el río Pupuña en el eje Arica-Tarapacá. Se debe definir y declarar la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Río Puré en la Zona de Reserva Forestal (ZRF) de Tarapacá. Los funcionarios de Corpoamazonia, las otras entidades de control y los operadores de madera con permisos en la ZRF deben recibir capacitación con respeto a los pueblos en aislamiento. El estado debe diseñar e implementar planes de contingencia en caso de avistamientos o contactos.

10. Investigar los cargamentos fantasma de Maicao como un caso de estudio

La investigación realizada por EIA demostró que 5.608 m³ de madera destinada a la ciudad fronteriza de Maicao, a 1.600 km al norte del río Amazonas, nunca llegó a su destino declarado en 605 salvoconductos. Corpoamazonia y la Fiscalía General de la Nación deben investigar este caso. La impunidad hace que hasta las mejores leyes se vuelvan inservibles. Mientras no sean procesados y sancionados los traficantes y proveedores de financiamiento para la tala ilegal, no habrá un efecto disuasivo. El Ministerio de Ambiente, en coordinación con las CARs, deben también fortalecer los sistemas de verificación y control de los destinos de los salvoconductos y el arribo de la madera.

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1.Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Junio de 2018. Disponible aquí.

2. Datos de Global Forest Watch, citados en “Land grabbing, cattle ranching ravage Colombian Amazon after FARC demobilization.” Volckhausen, T., 30 de mayo de 2019, Mongabay. Disponible aquí.

3. La paradoja de la paz: cuatro historias de destrucción ambiental tras el acuerdo con las Farc. Semana Sostenible, 26 de junio de 2018. Disponible aquí.

4. Ver cita número 20, más adelante.

5. “Are we approaching ‘Peak timber’ in the tropics?” Shearman et al., 2012, Biological Conservation. Disponible aquí.

6. “Tropical forests are a net carbon source based on aboveground measurements of gain and loss”, Baccini, A. et al. Science. septiembre 28, 2017. Disponible aquí; “Greenhouse gas emissions from tropical forest degradation: an underestimated source” Pearson, T.R.H. et, 2017, Carbon Balance Management. Disponible aquí.

7. Volumen total, basado en el análisis de EIA de 16.470 salvoconductos emitidos por Corpoamazonia entre enero de 2012 y Julio de 2017 (ver cuadro de texto 1 para la definición). Una cancha regulada por la FIFA mide 100m x 70m, y la portería tiene una altura de 2.44m.

8. Así funciona el tráfico de madera en Colombia. Calle, H. y J. Flórez. 1 de octubre de 2018. Mongabay. Disponible aquí.

9. Ley de Financiamiento promovería el tráfico ilegal de madera en el País. El Espectador, noviembre 23, 2018. Disponible aquí.

10. Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia. Fedemaderas. Disponible aquí.

11. Resolución Reglamentaria DIAN No. 4240 de 2000. Artículo 422. Disponible aquí.

12. Respuesta de SUNAT al requerimiento F5030 N° 88018337, fechada 29 de mayo de 2019.